Argentina y los recursos Genéticos. Nueva resolución para regular en la materia. ¿Influye en marcas y patentes?

A fines de octubre pasado se publicó la Resolución (410/2019) que regula el acceso y utilización de los recursos genéticos en actividades de investigación y desarrollo de nuevos productos derivados de la biodiversidad, siguiendo con las directivas internacionales ya incorporadas al ordenamiento nacional.

En marzo de 2017, se incorporó plenamente al ordenamiento jurídico argentino el Protocolo de Nagoya (Ley 27.246 de diciembre de 2015) que viene a complementar al Convenio de Diversidad Biológica (Ley 24.375 de 1994).

El convenio de Diversidad Biológica de 1992 tiene tres objetivos claros: i) Conservación de la biodiversidad; ii) Uso sostenible de sus componentes, y iii) Distribución justa y equitativa de beneficios derivados de su utilización. Con Nagoya el objetivo primordial es lograr un régimen equitativo de distribución de beneficios derivados del uso comercial de recursos genéticos.

Los productos autóctonos (de origen nacional) que se deriven de la utilización de los hongos, plantas, animales y microorganismos (biodiversidad), estarían alcanzados por este régimen, entonces, ¿deberíamos los agentes de marcas y patentes tener en cuenta esta regulación?

En Colombia y demás países del Pacto Andino (Comunidad Andina de Naciones – CAN), la Decisión que los alcanzaría es la 391 que regula el Acceso a recursos genéticos y en materia de Propiedad intelectual menciona en la Disposición complementaria segunda, que “Los países Miembros no reconocerán derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre recursos genéticos, productos derivados o sintetizados  y componentes intangibles asociados, obtenidos o desarrollados a partir de una actividad de acceso que no cumpla con las disposiciones de esta Decisión”. En esta medida, tanto en los países de la CAN como en Argentina, cada Estado tiene la posibilidad de otorgar la autorización debida de acceso al uso de recursos genéticos a través de un “Consentimiento Fundamentado Previo (CFP)”. Es facultativo de cada Estado regular esa autorización de uso para este caso particular.

En vista de todo lo anterior, al momento de intentar obtener un derecho de Propiedad Intelectual que involucre un producto de la biodiversidad, o establecer las condiciones de uso de la propiedad intelectual, habrá que tener en consideración si el producto en cuestión cuenta con la debida autorización de acceso otorgada por el Estado (CFP), y en su caso, con qué restricciones (o no) contaría dicho uso, para eventualmente el resultado de la investigación ser comercializado, o bien utilizado a la luz de las normas de Propiedad Intelectual (marcas, patentes, derechos de autor y lo similar) vigentes en cada país.

Para My Brand de Paola Laurini

Paola Laurini es abogada, agente de marcas y patentes, socia del estudio LAURINI Y ARIAS (www.lya.com.ar) en Buenos Aires, Argentina, ex consultora en temas de Biodiversidad y Propiedad Intelectual en la Administración de Parques Nacionales de Argentina y Provincia del Chubut.