La protección de la imagen

El desarrollo tecnológico alcanzado al día de hoy nos permite disfrutar del internet y atravesar fronteras con un solo “click”, vivimos en el constante juego de la comunicación y el entretenimiento articulados por redes sociales que nos invitan a compartir e intercambiar imágenes de cuanto somos y cuanto hacemos o cuanto sucede en nuestra vida cotidiana, somos partícipes del mundo multimedia en el cual resulta importante saber qué normas protegen nuestra imagen.

La imagen como tal es uno de los signos más esenciales de la personalidad del ser humano, un signo que construye a su gusto a lo largo de su vida y mediante el cual se identifica y comunica con sus semejantes.

La imagen humana se protege a través del llamado “derecho a la imagen”, también denominado “derecho a la propia imagen”, comprendiendo bajo su órbita todos aquellos caracteres físicos o exteriores que sirven para identificar a la persona. En este sentido, la protección que este derecho concede a la persona no se refiere al concepto de “buena o mala imagen”, el cual tiene que ver con la reputación y se protege dentro de un diverso derecho, el llamado “derecho al honor”.

El derecho a la propia imagen tiene un doble carácter, como un derecho humano y fundamental, así como un derecho de la personalidad. Su protección a nivel internacional no es uniforme, se estructura esencialmente en dos sistemas, i) países de derecho continental (basados en la doctrina alemana del derecho general de la personalidad), quienes lo consideran como un derecho de constitución autónoma, sistema al que pertenece México y ii) países del derecho anglosajón o common law, donde el derecho a la imagen no surge como un derecho de constitución autónomo sino como un aspecto del derecho a la intimidad o privacidad, sistema al que pertenecen Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Reino Unido.

En el caso de México, si bien este derecho aún no ha sido textualmente plasmado a nivel constitucional, se ha reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es un derecho implícito en los tratados internacionales suscritos por el Estado y que en todo caso debe entenderse como derecho derivado del reconocimiento a la dignidad humana, consagrado en el artículo 1° de la Constitución.

Caso similar sucede en Colombia, donde la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que la imagen constituye una forma de autodeterminación del sujeto, constituyéndose como un derecho de carácter fundamental autónomo.

Ahora bien, más allá de saber que se trate de un derecho fundamental y esencial para el desarrollo de la personalidad del ser humano reconocido a nivel constitucional, conviene apuntar de qué normas podemos valernos para hacer eficaz su protección.

En el caso de México, su sistema jurídico de protección esencialmente se estructura por: i) la legislación autoral (Ley Federal del Derecho de Autor)y ii) la legislación civil (en sus ámbitos federal y local, en donde destaca la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la vida Privada, el Honor y la Propia imagen en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México), y iii) otros cuerpos normativos, como la legislación en materia de propiedad industrial (La Ley de la Propiedad Industrial) y la legislación en materia de protección de datos.

El marco normativo de referencia nos permite establecer qué es y cómo se configura la protección de este derecho, y si bien por un lado podemos establecer que el derecho a la propia imagen es en principio un derecho de la personalidad oponible frente a todos, esto es, frente a cualquier captación no autorizada de la imagen, y cuya lesión es reparable mediante una acción de daño moral, lo cierto es que estas normas también nos dicen que se trata de un derecho que no es absoluto y que por tanto existirán límites y excepciones que no impedirán el uso de la imagen, circunstancias donde prevalecerán otros derechos, por ejemplo, cuando se trate de situaciones en las que prevalezca la libertad de expresión o el derecho a la información.

De este marco normativo también podemos establecer que se trata de un derecho especialmente censurado en relación a la imagen de los menores de edad, como también un derecho especialmente limitado con relación a las personas que ejercen un cargo público, una profesión de notoriedad o de proyección pública, quienes soportan un umbral diferente de protección deducido del interés público que conllevan sus actividades o actuaciones, lo cual no quiere decir que su imagen pueda ser captada o reproducida sin limitación alguna pero sí que su protección se entiende afectada en mayor medida por la opinión pública.

Asimismo, se decía que en el sistema jurídico mexicano también encontramos otros cuerpos normativos, los cuales si bien no regulan propiamente el derecho a la propia imagen, sí protegen la imagen personal, como la legislación en materia de propiedad industrial, que permite el registro de la imagen en tanto que la considera un signo distintivo capaz de distinguir productos o servicios en el mercado; tampoco pasa desapercibido que la legislación autoral protege la imagen mediante la figura de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, dentro del género personajes humanos de caracterización, pero únicamente en el sentido de que la imagen va unida a un personaje; cabe señalar que estas figuras jurídicas son en mayor medida utilizadas por las personas de notoriedad, al encontrar en ellas una fuente valiosa de explotación comercial de su imagen. Lo anterior plantea la posibilidad de que una violación al derecho a la propia imagen a su vez traiga aparejadas infracciones en materia de derechos de propiedad intelectual.

Como se observa, en el caso de México la protección de la imagen se reconoce como un derecho fundamental de corte constitucional, un derecho que concede a su titular la facultad exclusiva de decidir sobre el uso de sus rasgos físicos, y que se estructura bajo un sistema diversificado de normas.

Claudia Stephany González Trujano
Abogada especialista en Propiedad Intelectual – Chávez-García-Lakimies, S.C.

Juan Manuel Chávez
Socio Director – Chávez-García-Lakimies, S.C.